LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 

 

 En las sociedades del siglo XXI, cada vez más ricas y entregadas al consumo y a la recreación, se olvida con frecuencia hasta qué punto el ordenamiento democrático que vivimos depende de unas premisas básicas y elementales. Son tan recientes, cuando se miran como parte de una historia del hombre que lleva varios millones de años, son tan endebles, que es fácil ignorarlas y dejarlas de lado, o considerarlas por fuera de toda discusión, como parte de la esencia del hombre, de la naturaleza humana.

 

 

Esas premisas son en esencia dos. La primera, es que todos los hombres son iguales y tienen los mismos derechos, en particular el derecho a decidir sobre el destino de su comunidad. A nuestros antepasados neogranadinos de hace trescientos años esto les habría parecido una locura inaudita: el gobierno provenía de Dios y lo ejercían personas escogidas por Dios, a través de la sucesión de los reyes, y ungidas por la iglesia. ¿Como pensar que el esclavo o el indio o el campesino pobre y analfabeta pudiera tener iguales derechos que los aristócratas? La segunda, es que para que los ciudadanos iguales puedan participar en forma adecuada en la política, para que puedan decidir con bases razonables sobre los temas cívicos, puedan escoger a sus gobernantes, deben poder debatir y discutir en forma libre y con base en una información disponible para todos sin restricciones irracionales. De este modo, las libertades que requiere la sociedad para poder funcionar como una democracia se centran en el derecho de los individuos a expresar sus opiniones libremente, en forma oral y por escrito. La libertad de expresión y la libertad de imprenta o prensa, junto con el derecho correlativo de los ciudadanos a recibir información, son, por esta razón elemental, condiciones básicos y constitutivos del orden democrático. Otros derechos esenciales, como el de participar en la vida política, organizar partidos o movimientos, suponen para su ejercicio la libertad de expresión y la libertad de prensa

Esto, en apariencia tan obvio, no siempre se ha visto así. Las sociedades no democráticas partieron de la idea religiosa de que existía un bien común objetivo, y que era obligación de los gobernantes, ilustrados y hasta inspirados por Dios, actuar para promover y defender ese orden. El bien de la comunidad, en esta concepción, es superior, anterior e independiente del bien de cada individuo, y los intereses de éstos, en la medida en que entran en conflicto con ese bien común, deben someterse al interés general, definido por las autoridades, religiosas o políticas. Por el contrario las sociedades democráticas modernas suponen que los individuos y grupos tienen intereses contrapuestos legítimos, opiniones divergentes, puntos de vista contradictorios, y que por ello son la discusión y el debate abierto los que deben llevar a definir una aproximación, problemática, provisional e imperfecta, al interés general, como resultado de la expresión de las posiciones de todos. El bien de la sociedad es el resultado de la composición de fuerzas entre múltiples intereses particulares, es una transacción entre posiciones encontradas y muchas veces contradictorias. Pese a esto, durante los primeros dos siglos de funcionamiento de la democracia, desde que en 1776 los norteamericanos crearon la primera democracia moderna o desde que la revolución francesa de 1789 se convirtió en el punto de partida de la expansión de la democracia en Europa, las dos visiones del orden social han coexistido, y muchos creen que la libre expresión de los intereses y puntos de vista de individuos y grupos es dañina y peligrosa, y que los ciudadanos tienen que someterse a los intereses colectivos definidos por quienes ejerzan el poder, político, judicial o espiritual. De este modo, la expresión de las convicciones individuales y la defensa de los intereses propios se ve como algo que contradice el bienestar general, y como algo peligroso, pues se mira con sospecha el que los individuos busquen su beneficio privado. Por ello, las restricciones a la libertad de expresión, en particular las legales, se hacen normalmente a nombre del bienestar de la sociedad.